Descripción caso Las Sabinas (Móstoles)

1. Descripción general del barrio con su contexto urbano/metropolitano.

Las Sabinas, es junto con la Cañada Real, uno de los dos últimos barrios auto-producidos (comúnmente denominados “informales”) de la Comunidad de Madrid (CM). Se ha desarrollado a lo largo de la orilla este del río Guadarrama (en suelo protegido). Con una longitud estimada de 2 Km, entre los municipios de Móstoles y Arroyomolinos (situados a unos 25 Km al suroeste de Madrid), dos núcleos en Móstoles (zonas norte y centro) y otros dos en Arroyomolinos, conectados entre sí por debajo del puente de la N-V a su paso por el río.

El principal acceso a los mismos es directamente desde la A-5, con el riesgo que ello supone de incorporación directa a una autovía de 6 carriles desde un camino de tierra. El barrio carece de acceso “formal” a todo tipo de servicios agua, luz, etc., pese a existir infraestructuras tanto de agua (canal de Isable II) como de electricidad (postes de luz de Iberdrola). En tres de las cuatro zonas, tampoco disponen de servicios de recogida de basuras. Y en ninguna de ellas de equipamientos básicos como escuelas, centro de salud, dotaciones comerciales, etc. Desde las administraciones públicas se justifica esta falta de servicios e infraestructuras, por estar situados en “suelo protegido”.

2. Cuándo y cómo se creó

El origen del barrio se remonta a los años 70. La proximidad del río Guadarrama, dio lugar al desarrollo de terrenos de cultivo por parte de algunos habitantes de Móstoles y Arroyomolinos. De forma progresiva, las casetas de aperos de los huertos se fueron convirtiendo en viviendas. En 1976 se formó la primera comunidad de vecinos, en la zona Norte de Móstoles. Según cuentan las/os vecinas/os, el que era por aquel entonces alcalde de Móstoles, dio verbalmente permiso para construir allí, lo que favoreció la llegada al barrio del tendido eléctrico. Con la instalación de la luz, en la zona Norte, los vecinos consiguieron cédulas de habitabilidad, no así en la zona centro, donde si bien llegaba el tendido de la luz, el acceso se hizo de formar irregular.  Esteban García, es la calle que atraviesa todo el barrio, y responde al nombre del que se considera el fundador de Las Sabinas, un trabajador del ferrocarril que instaló allí una caseta donde vendía aguardiente.

En los años 80 y 90, en pleno “desarrollismo” de Madrid, se desmantelaron la mayoría de los barrios autoproducidos situados en el centro de la ciudad al tiempo que incrementa la inmigración. En este contexto, y dada la imposibilidad de legalizar las viviendas, los antiguos propietarios vendieron de forma irregular los terrenos de cultivo a familias marroquíes (fundamentalmente en la zona Norte de Móstoles) y a familias gitanas (fundamentalmente en la zona centro de Móstoles), estas últimas procedían en su mayoría de barrios autoproducidos del centro de Madrid en proceso de “desmantelamiento”, como Las Mimbreras o El Salobral,  de los que fueron expulsados por no cumplir con los requisitos establecidos, por parte de las administraciones públicas firmantes de los respectivos convenios de “realojo”. Progresivamente se fueron colmatando las dos zonas de Móstoles y se empiezan a desarrollar los núcleos de Arroyomolinos, en muchas ocasiones por familiares de residentes de los dos núcleos de Móstoles, que tan poco encuentran otra alternativa para satisfacer su acceso a una vivienda de forma asequible dada su situación socioeconómica.

3. Cuántas personas viven allí

En 2013, cuando se firmó el primer convenio de “realojo” se estimaba que vivián en las Sabinas unas 376 familias, de las cuales 252 pertenecían al municipio de Móstoles. Según información de agentes involucrados en este proceso se estimaba que apenas cumplirían los requisitos establecidos en dicho convenio 124 familias, es decir menos del 50% de las afectadas.

Según el convenio de 2023, quedarían en Móstoles, 68 familias pendientes de realojo de las cuales 33 en la zona centro. Según estos datos habrían abandonado el barrio unas 60 familias, entre el convenio de 2013 y el de 2023. En estos años la policía ha llevado a cabo varios procesos de expulsión de las familias que nos se habían empadronado con anterioridad a 2013, en ocasiones amenazándolas incluso con quitarles a las/os hijas/os si no abandonaban el barrio.

En lo que concierne al convenio de Arroyomolinos, firmado en 2021, se estiman que hay 90 familias pendientes de realojo.

4. Principales problemáticas

Falta de servicios públicos y equipamientos:

Fruto de décadas de abandono institucional, por parte de las administraciones públicas, el barrio no dispone de acceso “formal” a servicios básicos de acceso al agua, la energía, la recogida de residuos, red de transporte público etc. Tampoco disponen de acceso a equipamientos ni dotaciones de salud, educación, etc.  Como afirman las residentes, “lo único que hay es la vigilancia policial”.

Deterioro de las condiciones fisico-ambientales del parque protegido del río guadarrama.

Los primeros vecinos recuerdan que el río tenía aguas cristalinas y una “playa” donde se bañaban. Sin embargo, la falta de servicios y el incremento progresivo de residentes, ha llevado a que el río haya pasado de ser una “playa” a un “vertedero”. Se distinguen tres tipos de residuos: las basuras generadas por los residentes, que ante la falta de servicio municipal de recogida de residuos vierten su basura en la margen del río, si bien una parte de los mismos la traslada por sus propios medios a contenedores de otros barrios; los desechos fruto de una de las actividades principales de los residentes “la chatarra”; y finalmente, vertidos irregulares de obras de otros agentes que aprovechan la incapacidad de la administración pública de mantener limpia la zona para hacer vertido “ilegales”.

Deterioro de las construcciones auto-producidas, por prohibición de la administración pública al estar inmersos desde 2013 en un proceso de Realojo.

Con respecto a las calles y las casas, fueron los vecinos los que se encargaron de autoconstruirlas y/o mantenerlas. No obstante, actualmente no se les permite hacer ningún arreglo, la policía está continuamente pasando por el barrio y controlando no sólo que nadie construya nada nuevo, sino que tampoco se hagan obras de mantenimiento, al estar inmersos en un proceso de realojo desde 2013. Dada la precariedad de las construcciones, y la prohibición por parte de las administraciones de reparar las viviendas, las construcciones se han ido deteriorando, siendo las humedades (goteras en el techo y humedad en las paredes) uno de los principales problemas en las construcciones con implicaciones en la salud (afecciones respiratorias), en particular de los menores. El deterioro de las calles de tierra por las lluvias, el paso de los vehículos etc. unido a la falta de transporte público, dificulta y en ocasiones impide por completo el acceso al barrio.

Inseguridad e incertidumbre: cortes de luz, incendios, inundaciones y la amenaza constante de ser desalojados sin alternativa habitacional.

En ambos barrios, estando firmados los convenios de “realojo” se han llevado a cabo cortes de luz, durante meses, por parte de la compañía eléctrica con instalación en el barrio. La falta de acceso a la energía implica no poder bombear el agua, refrigerar alimentos y medicación, lavarse para ir al colegio o a trabajar. Todo ello ha repercutido en problemas de salud física y psicológica (ansiedad, depresión, etc.).

La falta de acceso a fuentes de energía ha llevado a la utilización de leña para calentar los hogares, hechos por otra parte de materiales precarios, lo que en varias ocasiones ha supuesto el incendio de algunas casas. Así mismo la falta de limpieza de vegetación seca ha llevado a que se produjeran varios incendios en verano.

La proximidad al río y la falta de red de aguas pluviales ha llevado a que en momentos de fuertes lluvias se inunde el barrio y que haya tenido que ser desaojado por los bomberos a altas horas de la noche (río arriba se ha abierto en varias ocasiones algún embalse sin tener en cuenta las consecuencias a altas horas de la noche que eso podía tener en esta zona río abajo).

Desde prácticamente sus inicios a las vecinas se les ha negado la posibilidad de residir en el barrio por estar situado en “suelo protegido” (si bien la cuestión de la protección del suelo históricamente ha ido variando en función del grupo social al que afecta, en este sentido señalar por ejemplo que la Gran vía de era cañada real y por tanto también “suelo protegido”).

A pesar de la flagrante vulneración de derechos de los residentes del barrio, el convenio de “realojo” no se firmó hasta 2013 e incluso una vez firmado no se inicio su ejecución hasta 5 años después. Cuando se firmó el convenio de realojo entre la CAM y el Ayto de Móstoles, se establecieron los requisitos del mismo contando con que entrono al 50% de las familias no cumplieran al menos el requisito del empadronamiento, por lo que una parte sustancial de las mismas han tenido que seguir luchando y resistiendo para lograr que una década después se firme un nuevo convenio de “realojo” en 2023.

En el convenio de 2013, si bien se estimaba que sólo 124 de las 252 familias cumplían los requisitos, se doto al mismo de 35 millones de euros (22 millones procedentes de Fondos Feder; 4 millones del Ayto. Móstoles y 9 millones de la CAM), lo que equivaldría a más de 280.000 € por familia realojada, si bien los pisos que se compraron se estimaron de media entrono a 100.000 €. Señalar además que a las familias no se les concedió el piso en propiedad (como sucedió en los años 80-90 con el “Plan de remodelación de barrios”), sino que fueron realojadas en régimen de alquiler social, lo que implica entre el 50% y el 100% de sus ingresos. Además, el realojo se llevó a cabo sin la participación de las afectadas, en un 84% de los casos en la periferia sureste de Madrid (con lo que ello implica de seguir fomentado la segregación socioespacial), en núcleos situados de media a unos 50Km del centro de Madrid, y a menudo a más de 25 Km de Las Sabinas con lo que ello a supuesto de ruptura de su red de apoyo mutuo. Ya sea por la lejanía a su red de apoyo mutuo o por la imposibilidad de hacer frente al alquiler social, una parte de las familias realojadas han dejado y/o perdido la vivienda otorgada, lo que implica una penalización de 10 años sin poder optar a otra vivienda pública.

El convenio de 2021, estima que afectará a 90 familias habiéndose destinado para el mismo 12 millones de € (9 millones de la CAM y 3 millones del Ayto de Arroyomolinos). El convenio de 2023, estima que afectará a 68 familias habiéndose destinado para el mismo 9 millones de € (6,3 millones de la CAM y 2,7 millones del Ayto de Móstoles). De ser realojadas todas las familias el coste por familia sería de entorno a 130.000 €, lo que se estimaría aproximadamente al 70% del valor de una vivienda a precios de mercado de unos 70 m2. Si bien nuevamente se establece que el acceso será en régimen de alquiler social, desconociéndose por el momento la ubicación de dichas viviendas.

Estigmatización, culpabilización, desprotección, frustración e impotencia.

El deterioro de las condiciones físicas del lugar, y las características socioeconómicas de los residentes han contribuido a convertir este barrio en un lugar altamente estigmatizado.  Una estigmatización que contribuye a su vez a justificar los procesos de “desmantelamiento” del mismo. Pese a que la administración publica es la responsable de no haber dotado de servicios a la zona, entre otros de servicio de recogida de basuras, los medios de comunicación enfatizan los problemas como el de la suciedad y “culpan” a los residentes de esta, sin abordar las causas estructurales que las generan. Lo mismo sucede con el proceso de realojo, tanto las administraciones como los medios de comunicación sostienen que se “da vivienda”, y no que se otorga en régimen de alquiler social. Así mismo pese a que las familias han señalado en varias ocasiones que no podrían hacer frente a los pagos exigidos dada la brecha entre sus ingresos y los gastos que les supone el piso (alquiler social, comunidad de vecinos, gastos de luz y agua, etc.) la administración ha procedido igualmente al “realojo”, si bien cuando las familias no han podido hacer frente a los pagos las han expulsado y penalizándolas con 10 años sin poder acceder a una vivienda pública.

En cuanto a la adjudicación de la vivienda la AVS no ha permitido que las familias participaran en el proceso de elección de las mismas “no va a ser a demanda” sostienen desde las administraciones, pese a que es una cuestión que condicionará durante décadas la vida de las mismas. Cuestiones tan importantes para las afectadas, como la proximidad a familiares o el alejamiento de otras familias con las que tienen “contrarios”, no se han tenido en cuenta.

Después de estar viviendo aquí trece años, sin agua, sin luz, con miedo a los in­cendios, viviendo entre las ratas (…) por fin nos llaman y nos dicen que nos han adjudicado la vivienda en Fuentidueña del Tajo. Es un pueblito a 97 kilómetros de Móstoles en el que no hay ni médico, ni instituto (…) lo que quieren es sacarnos de la sociedad (…). Y además el piso hay que pagarlo y, ¿cómo voy a pagarlo en un pueblo fantasma en el que no me puedo ganar la vida? Estoy desesperado, porque o cojo el piso o pierdo el derecho a una vivienda social durante los próximos diez años… ¡¡¡Esta gente te mata de verdad!!! No imaginas la frustración y la impotencia que siento. ¡¡¡Hemos pasado de vivir la ilusión del realojo a vivir un infierno!!! (Adjudicatario de vivienda de Las Sabinas, Móstoles)[1]

Además, a lo largo del proceso de realojo a quienes no cumplen los requisitos, establecidos por las mismas administraciones que conducen el proceso, se les señala que “no tienen derecho”, pese a que la vivienda es un derecho constitucional. En el proceso de realojo de Móstoles, se han observado además irregularidades en relación con el desempadronamiento de algunas familias, y como consecuencia se les ha “congelado” el padrón no pudiendo cumplir los requisitos del siguiente convenio y por tanto no poder ser adjudicatarios de vivienda pública.

5. Intervenciones de la administración

Abandono institucional

Durante casi décadas la administración publica (CAM y Ayuntamientos de Móstoles y Arroyomolinos) han desatendido su obligación de ser garantes de derechos de estas familias y dotarles de los servicios y equipamientos necesarios.

Necro política  

La única alternativa que se propone es el “desmantelamiento” del barrio. Los convenios de “realojo” se firman entre las administraciones sin contar en ningún momento con la participación de las afectadas en el proceso. En el caso del convenio de 2013, desde la firma del mismo hasta el inicio de su ejecución pasaron 5 años y hasta la aprobación del segundo convenio 10 años, negándose en dicho periodo a las familias a hacer ninguna reparación en sus viviendas, ya de por si precarias. Apenas hay estudios acerca de los programas supuestamente de “realojo” de la CAM, si bien a partir de la información de la que se dispone fruto de una década de seguimiento del “desmantelamiento” de Las Sabinas, se sabe que desde el inicio las administraciones parten de que una parte sustancial no cumplirá los requisitos fijados en dichos convenios y cuenta con que dichas familias sean desalojadas sin alternativa habitacional. Así mismo a pesar de la financiación de dichos convenios, quienes finalmente son “realojados” lo hacen en régimen de alquiler social (lo que supone entre el 50% y el 100% de sus ingresos y en ocasiones no poder hacer frente a los pagos y ser nuevamente desalojados), en periferias cada vez más alejadas del centro de Madrid (a unos 50 Km de media, prácticamente en los límites de la CM), y sin tener en cuenta sus redes de apoyo mutuo construidas a lo largo de décadas.  Un modo de ejercer poder sobre la vida de las personas mediante unas prácticas implementadas desde las administraciones públicas que, lejos de cumplir con su función de “garantes de derechos” y abordar las causas estructurales de vulneración de los mismos, imposibilitan y fuerzan la desaparición de las formas autogestionadas de estas comunidades “no rentables” que, sin quererlo y sin saberlo siquiera, solo existiendo, evidencian la crueldad del neoliberalismo y sus desigualdades (Mbembe, 2003[2]; Valverde Gefaell, 2015[3]),

6. Acciones, campañas, etc de los vecinos

Durante décadas las vecinas de las Sabinas, han autoconstrucción y/o mantenimiento sus viviendas (compra de materiales, construcción y/o reparación de techos, suelos, paredes, concinas, baños, etc.). Autogestión del acceso al agua (realización y/o mantenimiento de pozos, bombas de agua, etc.); del acceso la energía (compra de cableado, enganche al poste de electricidad y red de distribución del barrio y reparación de la misma cuando la compañía eléctrica cortaba el cable que iba al poste eléctrico); de las basuras trasladándolas a más de 2 Km. Mantenimiento de los caminos arreglándolos periódicamente. Autogestión del transporte, dependiendo del transporte privado (compra de vehículo, reparaciones, combustible, etc.) prácticamente para todo, ir o llevar familiares al centro de salud, al colegio, a la compra, etc.

Las vecinas han resistido diariamente a la falta de recursos económicos, a la inseguridad y la incertidumbre de que va a ser de sus vidas (durante años las familias no dejaban de preguntar “cuando nos tiran” a medida que tomaban conciencia de sus derechos empezaron a preguntar “se sabe algo del nuevo convenio” “cuanto tiempo seguiremos aquí”, etc.). Así mismo han resistido a la estigmatización a la vergüenza y a la impotencia, a que te siga la policía cuando vas a la compra con tus hijas y que te pregunten “mama porque nos sigue siempre a nosotras el policía”, a que te nieguen hacerte el DNI “tú no lo necesitas”, a que te desempadronen sin tú consentimiento, a que no sólo no te informen de tus derechos sino que te los nieguen permanentemente, a que juzguen y menosprecien a las/os menores en el colegio “si tú sólo vas a ser chatarrero como tú padre” “tienes dinero para zapatillas (30€) pero no para libros (300 €)”, etc.

A mayores de la resistencia cotidiana de las vecinas y vecinos del barrio, y a raíz del corte de luz llevado a cabo por la compañía eléctrica (Iberdrola) en 2015 en la zona centro, las familias se han movilizado con el apoyo de otros actores (activistas, académicos, abogadas, etc.), llevando a cabo diversas acciones, destacando las siguientes: manifestación en la plaza del ayuntamiento (las familias nunca habían llevado a cabo un acto de este tipo); creación de una página de facebook donde informar de la realidad del barrio desde su punto de vista[4]; juicio contra Iberdrola, que se ganó, con el apoyo del CAES abogados; reuniones periódicas con las administraciones públicas (ayuntamiento de Móstoles y AVS) y con diferentes grupos políticos, hasta lograr que se pusieran en marcha el proceso de realojo en 2018; lucha posterior por parte de quienes no cumplían los requisitos para lograr un nuevo convenio de realojo (solicitudes de vivienda y de informes de servicios sociales para demandar a las administraciones en caso de que les negaran el realojo) hasta lograr la aprobación del segundo convenio en 2023.

7. Agentes implicados (¡entidades, personas, instituciones…)

Vecinas y vecinos de Las Sabinas

Entidades de apoyo a la comunidad: Activistas de Móstoles, Movimientos sociales como Stop Desahucios Móstoles o ATD Cuarto Mundo, CAES Abogados, académicos-activistas.

Proveedores de servicios, que no han dado servicios: Canal de Isabel II (entidad pública) e Iberdrola (eléctrica privada con infraestructura en el barrio).

Administraciones públicas involucradas en los procesos de realojo: Agencia de la Vivienda Social AVS de la CAM; Ayuntamiento de Móstoles (concejalía de vivienda y de servicios sociales) y de Arroyomolinos.

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[1] Álvarez de Andrés. E (2020), “40 años desmantelando la “informalidad” en Madrid (1979-2019)”, Revista EURE, 46 (139) p.19.

[2] Mbembe, A. (2003). Necropolitics. Public Culture, 15(1), 11-40. https://doi. org/10.1215/08992363-15-1-11